El G-14, el grupo de las catorce mayores inmobiliarias españolas, alertó hoy de que el "precio de los pisos volverá a subir de forma vertiginosa" en el plazo de dos años por el "estrangulamiento" que se provocará en el sector en caso de que no se agilicen los plazos para urbanizar suelo y se tramiten planeamientos urbanísticos. Mientras tanto, cada vez se necesita más tiempo para vender un piso: según Idealista el tiempo medio necesario ha subido a seis meses.
El presidente de este 'lobby' inmobiliario y también presidente de Fadesa, Fernando Martín, aseguró además que el precio de la vivienda nueva no va a bajar y que los tipos de interés no van a subir, en contra de los mensajes que desde distintos sectores actualmente se lanzan a la sociedad.
Martín quiso de esta forma aclarar la información "no contrastada", las "sombras innecesarias", que considera se están lanzando a la sociedad sobre un sector básico en la creación de empleo y riqueza en la economía.
Construir lo que la gente pueda comprar
Para el G-14, las soluciones a la situación inmobiliaria actual pasan, además de por la referida agilización en la urbanización de terrenos, por limitar obstáculos y dejar que el mercado construya las viviendas que "la gente pueda comprar", dado que la demanda de viviendas no bajará de entre las 450.000 y 500.000 al año.
En opinión de Martín, es "intolerable" que en España la disponibilidad de los terrenos para edificar se demore "hasta más de seis años", cuando en otros países como Marruecos o México ese plazo se reduce a un año y medio. "Algunas aplicaciones -más conservadoras- de la ley del suelo están perturbando claramente al sector", dijo el empresario madrileño, quien añadió que las administraciones públicas son sensibles y están dispuestas a solucionar un problema
Durante su intervención en una jornada sobre el sector, organizada por la APD, Martín advirtió además de problemas en el empleo si se sigue desincentivando la demanda de vivienda y, por ende, su oferta. En concreto, auguró problemas en el empleo en el plazo de seis meses si la promoción de nuevas viviendas sigue descendiendo al mismo ritmo que, según sus datos, lo hizo en el último trimestre, un 60%. Según destacó el empresario, por cada vivienda no iniciada el paro aumenta entre 2 y 2,4 personas, lo que supone un elevado coste social.
El presidente de este 'lobby' inmobiliario y también presidente de Fadesa, Fernando Martín, aseguró además que el precio de la vivienda nueva no va a bajar y que los tipos de interés no van a subir, en contra de los mensajes que desde distintos sectores actualmente se lanzan a la sociedad.
Martín quiso de esta forma aclarar la información "no contrastada", las "sombras innecesarias", que considera se están lanzando a la sociedad sobre un sector básico en la creación de empleo y riqueza en la economía.
Construir lo que la gente pueda comprar
Para el G-14, las soluciones a la situación inmobiliaria actual pasan, además de por la referida agilización en la urbanización de terrenos, por limitar obstáculos y dejar que el mercado construya las viviendas que "la gente pueda comprar", dado que la demanda de viviendas no bajará de entre las 450.000 y 500.000 al año.
En opinión de Martín, es "intolerable" que en España la disponibilidad de los terrenos para edificar se demore "hasta más de seis años", cuando en otros países como Marruecos o México ese plazo se reduce a un año y medio. "Algunas aplicaciones -más conservadoras- de la ley del suelo están perturbando claramente al sector", dijo el empresario madrileño, quien añadió que las administraciones públicas son sensibles y están dispuestas a solucionar un problema
Durante su intervención en una jornada sobre el sector, organizada por la APD, Martín advirtió además de problemas en el empleo si se sigue desincentivando la demanda de vivienda y, por ende, su oferta. En concreto, auguró problemas en el empleo en el plazo de seis meses si la promoción de nuevas viviendas sigue descendiendo al mismo ritmo que, según sus datos, lo hizo en el último trimestre, un 60%. Según destacó el empresario, por cada vivienda no iniciada el paro aumenta entre 2 y 2,4 personas, lo que supone un elevado coste social.
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